El asesinato de Lyhanna, la niña de 11 años que fue secuestrada y violada presuntamente por un hombre que había sido denunciado previamente por violar a otras menores, ha revelado los problemas crónicos en la justicia en Francia a la hora de tratar las denuncias sobre violencia sexual. Tras el crimen de la niña, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pidió que se examinaran con urgencia las 70.000 denuncias que implican a menores que aún no habían sido estudiadas y, en solo dos semanas, los jueces han ordenado prisión preventiva para 134 personas implicadas en estos delitos.

El informe realizado por un equipo de inspectores de justicia y de la gendarmería sobre la actuación policial y judicial en el caso de Lyhanna ha sido presentado al Gobierno este lunes y las conclusiones revelan que hubo fallos policiales y judiciales que permitieron que el detenido, Jérôme Barella, de 41 años, estuviera en libertad, a pesar de que en agosto de 2025 la madre de una niña de 10 años le denunció por haber violado a su hija. Previamente lo habían hecho otras menores e incluso fue expulsado del instituto donde trabajaba tras una denuncia por acoso.

A pesar de ello, esta última denuncia “no se trató como asunto prioritario” y hubo “una acumulación de retrasos y falta de seguimiento de la misma, por parte de la gendarmería y de la fiscalía”, según ha admitido el inspector general de justicia, Stéphane Noël, inspector general de la gendarmería nacional, en una rueda de prensa.

Aquella denuncia no se tramitó debidamente, a pesar de que la menor, según revela la investigación, denunció haber sufrido medio centenar de violaciones por parte del acusado. La niña se lo contó a su padrastro y su madre la llevó al hospital. Se le hicieron pruebas para comprobar las violaciones y el centro sanitario contactó con la gendarmería que, según el informe, sí tomó nota de la gravedad del asunto. Sin embargo, Barella nunca fue interrogado ni detenido. “Éramos conscientes de que estábamos ante un perfil inquietante ya conocido por otros casos de violación”, señala en el informe el gendarme encargado de la investigación.

Aunque los antecedentes del individuo estaban archivados, la denuncia quedó sepultada al llegar a la fiscalía, perdida entre el caos burocrático. La última vez que se interrogó a la madre de la menor fue el pasado febrero, tres meses antes de la desaparición de Lyhanna y la detención de Barella. Según el informe, “no se especificó la gravedad del caso ni se remitió al departamento de gendarmería correspondiente, lo que retrasó su tramitación”, y “tampoco se valoró la urgencia del asunto”, dada la trayectoria pedófila de Jérôme Barell.

“La investigación no fue dirigida adecuadamente ni controlada en absoluto, ni por la fiscalía ni por la jerarquía de la brigada de gendarmería”, añade el informe. Lyhanna desapareció a finales de mayo en Fleurance, en el departamento de Gers, en el sur de Francia, y su cuerpo fue encontrado una semana después. Jérôme Barella, padre de dos niñas de 7 y 11 años que iban a clase con Lyhanna, fue detenido días después. La autopsia reveló que la niña fue violada y constató la presencia del ADN del detenido. Aún no se han desvelado las causas de la muerte.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, admitió este lunes que el informe de la inspección “revela una verdad de una extrema gravedad, que es que el sistema de protección [de menores] ha fallado” y ha habido “una sucesión de errores, negligencias, inacciones y malas decisiones”. “Las autoridades no eludirán su responsabilidad. Deben reconocer este fallo, depurar responsabilidades y extraer las conclusiones también a nivel individual. Esta exigencia de buscar la verdad no debe llevar a desacreditar a la gendarmería ni al poder judicial en su conjunto”, según Lecornu.

Desde el asesinato de Lyhanna, todos los lunes se celebran manifestaciones frente al Ministerio de Justicia, en la Plaza Vendôme de París, para reclamar una ley integral contra la violencia sexual que proteja a mujeres y menores. La justicia, en el punto de mira, reclama más medios. En el informe de la inspección remitido al Gobierno sobre el caso Lyhanna, uno de los gendarmes, tras enumerar su carga de trabajo, declara: “Me hubiera gustado encontrar el tiempo”. Entre 2007 y 2016, las denuncias por violación aumentaron un 65%. Más del 70% se archiva por falta de pruebas o falta de medios.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.