Mientras sigue la investigación por Agostina Vega, la chica de 14 años que fue asesinada y descuartizada en un descampado de Córdoba, y con datos preliminares de una autopsia que indican que antes fue víctima de abuso, el organismo oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que registra los femicidios por estos días dio a conocer sus cifras, y muestra que en 2025 hubo 200 femicidios, una baja respecto de los 228 registrados en 2024.

El dato de la Oficina de la Mujer (OM) resonaba fuerte este miércoles, en el que organizaciones feministas convocaron a una movilización de #NiUnaMenos frente al Congreso, con la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, a 11 años del primer encuentro nacional.

La cifra de femicidios de 2025 también es menor a la de 2023, cuando hubo 250 casos, un aumento importante en relación con 2022, año en el que se registraron 226, y respecto a 2021, con 231.

Según este informe, en promedio en el país el año pasado hubo una víctima directa de femicidio cada 44 horas y una víctima de la «violencia letal de género» cada 40 horas, lo que incluye también a las víctimas de femicidio vinculado.

La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, con 78 víctimas, equivalente al 39% del total nacional. En términos de tasas, Chaco (1,80), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69) obtuvieron las más elevadas por cada 100.000 mujeres.

«Si bien en algunas de las jurisdicciones sucedieron pocos casos, las tasas son, en comparación, elevadas por su escaso peso poblacional», aclara el informe. Tres provincias no registraron casos: Corrientes, La Pampa y San Juan.

Si bien las víctimas directas pasaron de 228 en 2024 a 200 en 2025, lo que implica una baja del 12,3%, esa variación, según se distingue, «se explica por una disminución conjunta de 51 casos en algunas jurisdicciones, compensada en parte por el aumento de víctimas en otras«. Donde descendieron los números absolutos fueron en Buenos Aires (con 20 casos menos), Córdoba (7 menos), Corrientes (5 menos), Entre Ríos (5 menos), Salta (5 menos), Santiago del Estero (4 menos), Chubut (3 menos), La Pampa (1 menos) y San Juan (1 menos).

Las provincias donde más subieron los femicidios fueron Misiones (6 casos más), Mendoza (4 más), Santa Fe (4 más) y Neuquén (3 más). En Catamarca, Formosa, Jujuy, La Rioja, Santa Cruz y Tierra del Fuego hubo un caso más. Y en Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, San Luis y Tucumán, se mantuvo estable.

En al menos el 83% de los casos, la víctima directa tenía vínculo previo con su agresor: en el 59% eran parejas, ex parejas o tenían otro tipo de relación sexo-afectiva; en el 11% eran familiares, y en el 13% tenían otro tipo de vínculo. Solo en el 7% de los casos eran desconocidos.

En cuanto al tipo de ocurrencia, el 88% de los hechos sucedieron en zonas urbanas y el 12% en zonas rurales. Y en referencia a las edades, el grupo más numeroso de víctimas tenía entre 25 y 34 años (24%), seguido por el de 35 a 44 años (22%). Las niñas de hasta 12 años representaron el 2% del total y las adolescentes de 13 a 17 años, el 4%. En el otro extremo, tenían 60 años o más el 16% de las víctimas.

Este descenso en la cantidad de femicidios tiene como contrapartida un aumento en la cantidad de denuncias por violencia que recibió el año pasado la Corte Suprema. Su Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de ese organismo, mostró sus números como lo hace cada junio.

En 2025 se registraron 5.076 de estos hechos, más que el año anterior, cuando hubo 5.004 denuncias, y menos que en 2023, con 5.400 casos. El pico fue en 2015, con un registro de 7.457. Desde 2008, la oficina lleva evaluadas 107.417 situaciones de mujeres que denunciaron a sus parejas o exparejas en la Ciudad de Buenos Aires. En estos casos, realizó 105.933 derivaciones a la Justicia civil y 85.191 a la Justicia penal, el equivalente a 28 derivaciones diarias. La OVD atiende las 24 horas, todos los días del año. En lo que va de este año, recibieron 2.118 casos.

Los equipos interdisciplinarios de esa oficina porteña reciben el relato de las personas afectadas, evalúan las situaciones y elaboran informes de evaluación de riesgo que son remitidos a la Justicia para la adopción de las medidas correspondientes. Cuenta con equipos médicos que constatan lesiones, confeccionan informes y realizan las derivaciones médicas necesarias.