Daniel Sandoval atiende a Clarín en su despacho, ubicado frente a la plaza San Martín, en Esquel. Es el abogado de Miguel Edgardo Battista, el bioquímico de 71 años detenido en esa ciudad de Chubut, acusado de mantener presuntamente encerrados a su esposa y a sus tres hijos. Desde su oficina, el defensor plantea que para entender cómo vivía esa familia es necesario reconstruir lo que ocurrió antes de que se instalaran en esa casa.

“Es importante el modo de vida que tuvo antes el grupo familiar”, dice Sandoval. Para el abogado, ese antecedente es central para comprender el aislamiento en el que vivían Battista, su esposa y sus chicos. Sostiene que la familia atravesó una situación de estrés a raíz de las amenazas que, según afirma, recibió su defendido por su actividad vinculada con la investigación y el desarrollo de productos medicinales.

Sandoval asegura que Battista tenía una causa judicial en el Juzgado Federal de San Martín vinculada con esa actividad. Según su relato, en ese expediente un policía federal fue condenado por extorsión y amenazas contra el bioquímico. El abogado presenta ese antecedente como el punto de partida de una serie de situaciones que habrían cambiado la vida cotidiana de la familia.

De acuerdo con su versión, tras las amenazas Battista se mudó de Buenos Aires a Trevelin y ya instalado en esta localidad cordillerana buscó desarrollar un laboratorio relacionado con medicamentos elaborados a partir de alfalfa. En ese contexto, habría sufrido amenazas y una agresión física. “Lo perseguían”, explica Sandoval al referirse a los motivos por los que su defendido decidió irse de Buenos Aires.

El abogado ubica en 2022 la llegada de Battista a Trevelin. Allí, sostiene, intentó continuar con su proyecto, pero volvió a atravesar situaciones de hostigamiento. Después, la familia se instaló en Esquel y alquiló una vivienda amplia en el pasaje La Cascada al 600. Según Sandoval, el hombre acondicionó un espacio en la parte trasera de la propiedad para utilizarlo como laboratorio.

Para el defensor, el cambio de ciudad estuvo acompañado por una transformación en la dinámica familiar. Afirma que, después de las amenazas, Battista y su entorno adoptaron una vida cada vez más aislada, por temor a que volvieran a ser amedrentados. Según su relato, esa forma de vivir ya había comenzado en Buenos Aires, durante la pandemia.

“Él no tenía una vida muy activa porque realmente ya tenía esa persecución”, resume Sandoval.

Según los datos aportados por el abogado, la familia está integrada por Battista, su esposa, de 41 años, y sus tres hijos: una joven de 19 años, un varón de 17 y una chica de 13. Sandoval sostiene que la rutina doméstica estaba organizada en horarios poco habituales y que el contacto con otras personas era limitado.

“Tenían una vida que comenzaba a un determinado horario de la noche y que seguía hasta las cuatro o cinco de la madrugada”, cuenta. De acuerdo con su explicación, la mujer solía dormir durante el día y esa particularidad contribuía a que no se relacionara con los vecinos.

Sobre los gritos que, de acuerdo con testimonios vecinales, se escuchaban durante la noche, el abogado dijo que su defendido los atribuía a la situación de salud de su esposa. Sandoval señaló que la mujer tenía un diagnóstico, pero prefirió no precisar cuál era, aunque admitió que tenía seguimiento psiquiátrico.

El defensor rechaza, además, que la falta de salidas de la mujer y de los chicos pueda interpretarse por sí sola como una prueba de que estaban privados de su libertad. Sostiene que, según la versión de Battista, existían formas de contacto con el exterior y que la familia había organizado su vida de ese modo por temor a nuevas amenazas.

“Si salía, solo salía él”, explica el abogado sobre la dinámica de las compras y los mandados. Según su relato, Battista era quien habitualmente salía de la casa, mientras que el resto de la familia permanecía allí.

La vivienda tenía cuatro habitaciones y dos baños. Para abastecerse, cuenta Sandoval, realizaban pedidos a supermercados y recibían las compras a domicilio. La hija mayor, de 19 años, participaba junto con su madre de la preparación de los alimentos.

Otro de los puntos que el abogado cuestiona es la información sobre la escolarización de los menores. Sandoval sostiene que ese aspecto no forma parte del expediente en los términos en que se lo ha mencionado y advierte que parte de lo que se conoce sobre la vida cotidiana de los chicos surge de los testimonios de los vecinos.

“Nadie puede afirmar o negar nada”, plantea. Según su versión, los chicos tenían contacto con el exterior “solo a través de plataformas”. El abogado describe su educación como una modalidad de homeschooling o escolarización no formal: afirma que aprendían en la casa y que Battista complementaba su formación.

También menciona que la esposa de Battista habría concurrido entre 2022 y 2026 a declarar en la causa vinculada con las presuntas extorsiones y amenazas contra su marido. Según el abogado, en esas oportunidades ella no manifestó nada en contra de él. Sandoval utiliza ese antecedente para cuestionar la hipótesis de que la mujer estuviera sometida a una situación de violencia.

El defensor niega de manera categórica que Battista haya maltratado a su esposa o a sus hijos. Según transmitió, el bioquímico rechaza las acusaciones. “Él solo espera que sus hijos cuenten toda la verdad”, dice.

La vivienda del pasaje La Cascada al 600 tiene dos plantas y una fachada revestida en madera y piedra. En las ventanas se ven cortinas cerradas, papeles y placas que cubren algunas aberturas; detrás de una de ellas, un árbol de Navidad permanece armado en pleno octubre. Desde afuera también se observan bolsas de basura, paquetes abiertos y objetos acumulados.

En el frente, el pasto crecido, las bolsas y las cajas tiradas completan la imagen de una casa que llamaba la atención de quienes vivían cerca. Una de las vecinas contó que la mujer solía aparecer en una ventana con un turbante en la cabeza, mirando hacia el horizonte, y que no respondía cuando la saludaban.

Los vecinos dijeron que esas situaciones, sumadas a la falta de salidas y a los ruidos nocturnos, los llevaron a organizarse y a impulsar la denuncia que dio origen a la investigación.

El jueves, el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Chubut allanaron la casa del bioquímico en Pasaje La Cascada al 600. Se encontraron a los integrantes de la familia, una mujer de 41 años y sus tres hijos de 13, 17 y 19 años, confinados en distintos lugares de la vivienda. Los rescataron y detuvieron a Battista.

Según describieron el viernes en una conferencia de prensa la procuradora Cecilia Bagnato y la fiscal Mónica Caveri, en la casa había mucho desorden, una heladera tanto con alimentos en buen estado como otros en mal estado, y al parecer los hijos dormían todos en un mismo cuarto, aunque la vivienda es grande y con varias habitaciones.

La primera denuncia por la situación de vulnerabilidad de los chicos y su madre se presentó formalmente el 10 de octubre. La hicieron vecinos preocupados por el aislamiento extremo de quienes vivían en la casa y la falta de contacto social de los menores, entre otros motivos.

El 20 de octubre, y después de varios intentos de la Policía Comunitaria de tomar contacto con la familia, intervino el Servicio de Protección de Derechos, el Equipo Técnico Interdisciplinario – ETI, detalló el Ministerio Público Fiscal en un comunicado. Battista les negó el ingreso, y los profesionales elaboraron un informe de riesgo urgente en el que advirtieron sobre «la vulnerabilidad extrema de los integrantes del hogar».

Fuentes del caso señalaron a Clarín que esa condición de vulnerabilidad no es socioeconómica. Battista quedó imputado por las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, y la Justicia busca esclarecer sus acciones que habrían afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y otros derechos fundamentales de su esposa y sus tres hijos.