El 56% de los hogares venezolanos padece algún nivel de inseguridad alimentaria —es decir, no sabe si va a cenar, qué comerá al día siguiente o si tendrá alimentos para la semana—, según un estudio de la firma Consultores 21, una de las más conocidas y citadas del país en sondeos de opinión y de mercado. Pese a su gravedad, la cifra supone una mejora: 11 puntos menos que en mayo de 2025, cuando, según el estudio, la inseguridad alimentaria afectaba al 67% de los hogares.

La inseguridad alimentaria no afecta solo a los sectores populares. También alcanza a la clase media. En los estratos pobres, que suponen casi el 60% de la población, llega al 60%. En la clase media y media-popular, cerca del 30% de la población, al 47%.

El estudio se ha hecho público mientras la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervenía en Roma en un foro de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el que anunció el plan Venezuela Alimenta. La iniciativa, según explicó, “buscará articular los distintos procesos productivos del país, con el objeto de avanzar en la erradicación del hambre”.

Rodríguez reivindicó “la experiencia” de Venezuela en la lucha contra el hambre, “tal y como ha sido reconocido por la propia FAO”. “Estamos a muy poco de lograrlo nuevamente. Venezuela es un país que supo llegar a su meta de hambre cero, y luego tuvimos todo este proceso derivado de las sanciones internacionales. Hoy estamos mostrando importantes avances para regresar a ese objetivo”. El reconocimiento al que alude se produjo en junio de 2013, también en Roma, donde Nicolás Maduro recogió el diploma en persona. La FAO distinguió entonces a 38 países por haber reducido el hambre a la mitad antes de 2015. Venezuela había pasado de más del 13,5% de población subalimentada a principios de los noventa a menos del 5%, según datos aportados por el propio Gobierno.

La situación ha mejorado, pero sigue siendo muy delicada. Según el informe, la inseguridad alimentaria es hoy 11 puntos menor que en mayo de 2025, seis puntos menor que en junio de 2024 y 36 menos que en 2019. “La mejora es real, pero en ningún caso equivale a bienestar: los hogares pasan del déficit a la subsistencia, no a la holgura”, matiza el estudio. “Más de la mitad de las familias venezolanas aún tiene dificultades para alimentarse”. El 27% de los hogares sufre una seguridad alimentaria “muy alta”, según Consultores 21. Las regiones más afectadas son Guayana, Oriente, Centro-Occidente y los Llanos.

La mejora coincide con un alivio en el bolsillo. El ingreso promedio mensual de los hogares ha pasado de 357 dólares en 2025 a 435 este año, un 22% más, según Consultores 21. Pero la firma calcula que una familia necesita cerca de 900 dólares al mes para cubrir todas sus necesidades, de modo que el ingreso medio apenas llega a la mitad. De ahí que la mejora no alcance. La comparación con los años de bonanza muestra, sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos. En 2012, Chávez elevó el salario mínimo a 2.047 bolívares, unos 476 dólares al cambio oficial, aunque al paralelo valía bastante menos. Hoy, un hogar medio ingresa menos de lo que entonces cobraba, al cambio oficial, un solo trabajador con el sueldo mínimo.

La encuesta se hizo en 2.000 hogares, con una muestra nacional representativa, entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre. La firma mide la inseguridad alimentaria desde 2018, el peor año del derrumbe socioeconómico que vivió el país entre 2014 y 2021. Esta es la primera muestra desde el 3 de enero, cuando, tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió las riendas del país.

El informe también analiza un fenómeno comentado, pero poco debatido en el país: el retiro progresivo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), uno de los programas sociales bandera del Gobierno de Nicolás Maduro, a través de los cuales se distribuían bolsas de comida a precio simbólico (frijoles, arroz, leche, pasta y latas de atún) para completar la dieta de la población.

Según el estudio, el declive de las bolsas Clap se concreta a comienzos de 2024, tras un largo proceso de merma: entre 2019 y 2024, “tres de cada 10 familias recibían una bolsa de comida al mes. Hoy, el 6% la recibe una vez al mes, y el 52% ya afirma que no la recibe nunca. En total, un 59% de la población todavía recibe algún tipo de ayuda oficial”.

Control de precios

En los peores años de la crisis, entre 2015 y 2018, en plena hiperinflación, el Gobierno de Maduro culpó al empresariado del desabastecimiento y aplicó una agresiva política de control de precios: reguló los márgenes de ganancia de los comerciantes y decretó aumentos salariales unilaterales, mientras las empresas estatales, con PDVSA a la cabeza, se hundían en la corrupción.

Mientras señalaba a los empresarios, en su propio entorno florecía el negocio de la comida. Estados Unidos acusa al empresario colombiano Alex Saab de sobornar a funcionarios venezolanos para hacerse con los contratos de importación de alimentos de los Clap y de blanquear cientos de millones de dólares a través de bancos estadounidenses. Saab, liberado en 2023 en un canje de presos y nombrado después ministro de Industria por Maduro, fue detenido en Caracas en febrero, tras la captura del líder chavista, y entregado a Washington en mayo.

La seguridad alimentaria, una consigna

La seguridad alimentaria fue una de las obsesiones personales de Hugo Chávez durante sus años en el poder (1999-2013). Temía que un complot empresarial cortara el acceso a la comida y desestabilizara su gobierno. A raíz de la crisis política de 2002, se dedicó a crear amplias reservas estatales de alimentos imperecederos para los momentos de máxima emergencia. Para ello fortaleció como nunca la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), que en sus manos se convirtió en una megacorporación.

CASA fue uno de los instrumentos del proyecto chavista para construir una sociedad civil revolucionaria y leal a su liderazgo. Chávez empezaba entonces a organizar a sus militantes en el territorio, hablaba de comunas y de poder popular, e hizo de la distribución de comida barata uno de sus ejes estratégicos para vincularse con la población, como alternativa al comercio capitalista.

Este esfuerzo cristalizó en 2003, con la concreción de los famosos Mercados de Alimentos, Mercal, un exitoso programa social que tejió una tupida red de abastos populares de distintos tamaños, donde se podían comprar productos subsidiados a mitad de precio que en las cadenas comerciales. El éxito de Mercal, y de otros programas sociales chavistas de entonces, apuntaló el poderío político del movimiento bolivariano por mucho tiempo. Mercal se transformó en la Misión Alimentación en 2007.

El reconocimiento de la FAO de 2013 fue explotado sin descanso por la maquinaria propagandística del chavismo en un año electoral, el de la muerte de Chávez. Pero tras sus años de auge, Mercal naufragó entre la corrupción y los sobreprecios de las importaciones, y desde 2015 languideció sin dolientes. Lo mismo ocurrió con PDVAL, una red similar creada desde las entrañas de Petróleos de Venezuela. Hoy ambos programas apenas sobreviven sobre el papel.