Tras más de dos años, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza confirmó este miércoles el sobreseimiento de los jugadores de rugby franceses Hugo Auradou y Oscar Jegou, quienes habían sido denunciados y detenidos en 2024 por un presunto abuso sexual contra una mujer de esa provincia. Con este fallo, el máximo tribunal provincial rechazó de manera definitiva el recurso de apelación presentado por la abogada de la denunciante.
Los jueces Dalmiro Garay, José Valerio y Norma Llaster evaluaron el reclamo y decidieron ratificar lo dictaminado previamente por la Fiscalía y los juzgados de primera instancia.
Auradou y Jegou fueron denunciados por una mujer, identificada como S.L. y en ese momento de 39 años, por presuntos hechos de abuso sexual ocurridos en un cuarto de hotel luego de un partido contra Los Pumas en julio de 2024.
De acuerdo con fuentes allegadas a la causa judicial, la decisión definitiva se fundamentó técnicamente en que el hecho denunciado «no pudo ser acreditado con el grado de probabilidad requerido para llevar la causa a juicio oral». Para esto, se tomaron en consideración los análisis forenses en el cuerpo de la denunciante y los exámenes psicológicos a los que fue sometida.
Los rugbiers estuvieron primero detenidos en una comisaría, luego se les concedió el beneficio del arresto domiciliario en la provincia. En total, fueron 35 días de detención. El 2 de septiembre lograron la libertad condicional y se les autorizó regresar a Francia. En diciembre de ese año la jueza Eleonora Arenas los sobreseyó.
Arenas le dio en ese momento la razón a la defensa de los franceses, efectuada por Rafael Cúneo Libarona y Germán Hnatow, quienes mantienen que no hubo delito porque las relaciones sexuales entre la mujer y los jugadores fueron consentidas y sin violencia.
Al respecto, peritos médicos allegados al caso concluyeron en sus informes que «las lesiones físicas constatadas en el cuerpo de la denunciante resultaron inespecíficas y de escasa intensidad, descartando que obedecieran a maniobras de violencia sexual o asfixia».
En relación con los hematomas faciales denunciados, las forenses explicaron ante el tribunal que la hipótesis de una agresión física grave quedaba descartada porque «cuando hay golpe de puño, implica una fuerza mucho más grande», según el documento al que tuvo acceso Clarín.
Los arguementos de la defensa y de la fiscalía cuando fueron sobreseídos los rugbiers
A fines de 2024, al solicitar el sobreseimiento de los rugbiers, los abogados defensores presentaron un escrito ante el fiscal Darío Nora. Allí apuntaron a «incoherencias» de la mujer que los había denunciado.
«La justicia subrayó las incoherencias de la denunciante, que fue cambiando la declaración y modificando el curso de los hechos para encontrar una solución superadora de su situación. Las pruebas mostraron que los jugadores nunca la violaron y ella tuvo siempre el control de la situación. Así queda a salvo el honor de los dos jugadores y el prestigio y el respeto del rugby francés», afirmó Cúneo Libarona.
En ese sentido, otro fiscal que trabajó en el caso, Gonzalo Nazar, quien murió durante el proceso (incluso antes de que se dictara el sobreseimiento), había señalado que «la primera versión de la denuncia se ha visto debilitada».
«Hay francas contradicciones, zonas grises y hasta explicaciones insuficientes, como el motivo para ir al hotel, la conducta observada al momento de salir del hotel, el tono jocoso en la conversación con su amiga en mensajes enviados, posterior al hecho», expresó Nazar.
Tras ello, la petición fue compartida por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, que determinó que no existían méritos suficientes para sostener la imputación.
Pero un recurso de casación presentado por la abogada de la denunciante, Natacha Romano, llevó el caso al máximo tribunal mendocino, instancia que se decidió este miércoles al no encontrar elementos jurídicos para revocar la decisión de los tribunales inferiores.
El pedido de la letrada también exigía la remoción de los fiscales involucrados en la causa: el fiscal Nora y la jefa de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Identidad Sexual, Daniela Chaler.
En la instancia previa, la abogada querellante relató a Clarín cómo atravesaba sus días su defendida tras el hecho. «Está destrozada, jamás se recuperó, ha sumado 30 kilogramos desde aquel momento y se encuentra con tratamiento psiquiátrico sostenido», dijo en junio pasado.
