Mientras el Gobierno nacional celebra la baja de la pobreza medida por ingresos y exhibe el dato como uno de los principales logros de la gestión de Javier Milei, desde la Universidad Nacional de Córdoba avanzan con un proyecto que busca ampliar la discusión sobre cómo se mide realmente la vulnerabilidad social en Argentina.

El trabajo, impulsado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la UNC, apunta a construir un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para la provincia de Córdoba. La iniciativa está encabezada por Adrián Moneta Pizarro, profesor titular de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas, y parte de una crítica conceptual al indicador tradicional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

“La pobreza tal como la mide actualmente el Indec no alcanza para captar privaciones estructurales. Mide una pobreza muy coyuntural”, explicó Moneta Pizarro en diálogo con Perfil Córdoba. El economista sostiene que el actual esquema de medición —basado exclusivamente en ingresos monetarios— tiene limitaciones importantes porque clasifica a los hogares únicamente según si superan o no la línea de pobreza definida por la Canasta Básica Total. “Puede haber hogares que un mes estén apenas por encima de la línea porque hicieron más changas o tuvieron ingresos extraordinarios, pero viven sin agua potable, sin cloacas o con chicos fuera de la escuela. Según el índice oficial no serían pobres. Y también ocurre lo contrario: familias con ingresos momentáneamente bajos, pero con patrimonio y condiciones de vida consolidadas, aparecen como pobres”, planteó.

Siete dimensiones y 27 indicadores. La propuesta de la UNC toma distancia de esa mirada “unidimensional” y busca incorporar variables vinculadas con derechos, capacidades y condiciones de vida efectivas. El nuevo índice estará compuesto por 27 indicadores agrupados en siete dimensiones:

• Vivienda.
• Servicios públicos y equipamiento urbano.
• Ambiente.
• Educación.
• Comunidad y equidad social.
• Inclusión económica y laboral.
• Nutrición, bienestar y acceso a la salud.

Entre las variables que se medirán aparecen cuestiones que hoy el Indec releva parcialmente, pero no utiliza para calcular pobreza, como hacinamiento, acceso a baño dentro del hogar o disponibilidad de agua corriente. Pero, además, el proyecto incorpora dimensiones inéditas para este tipo de mediciones en Argentina: brecha digital, violencia de género, discriminación, seguridad, redes de apoyo comunitario, calidad ambiental y acceso efectivo a derechos. “Queremos medir directamente qué le falta realmente a un hogar. No inferirlo solamente desde el ingreso”, explicó Moneta Pizarro. Uno de los puntos más innovadores del trabajo es justamente la dimensión de “comunidad y equidad social”, que incluye indicadores sobre participación social, trato igualitario y percepción de seguridad. También habrá una mirada más amplia sobre la inclusión económica: además del nivel de ingresos, se evaluará estabilidad laboral, acceso a seguridad social, posesión de bienes durables y el peso de los alimentos dentro del gasto familiar.

Un trabajo interdisciplinario y con validación social. El desarrollo metodológico demandó más de un año de trabajo y reunió a más de 30 investigadores de seis facultades de la UNC, entre economistas, contadores, sociólogos, médicos, odontólogos y cientistas políticos. Según relató Moneta Pizarro, el principal desafío fue construir consensos sobre qué debía entenderse por pobreza y cuáles eran las variables más representativas para medirla. “El trabajo más difícil fue poner de acuerdo a disciplinas que hablan lenguajes distintos”, señaló. El proceso arrancó con 78 indicadores posibles. Luego, mediante rondas de consenso entre expertos y validaciones estadísticas, el listado se redujo primero a 58 y finalmente a 27 variables. Además, el equipo realizó una encuesta piloto sobre 97 hogares y 245 personas en Córdoba Capital y zonas periféricas. Allí se sometieron los indicadores a validación social: los propios participantes debían evaluar si consideraban relevantes las privaciones propuestas.

“La población coincidió bastante con lo que había definido el grupo de expertos. Eso nos dio mucha robustez metodológica”, destacó el investigador.

El próximo paso: una encuesta provincial. La etapa central del proyecto llegará en junio, cuando se realice el trabajo de campo definitivo sobre entre 1.300 y 1.400 hogares distribuidos en toda la provincia de Córdoba. Ese punto es considerado otra de las fortalezas del estudio: a diferencia de otros trabajos académicos similares, el relevamiento tendrá representación provincial y no se limitará a Córdoba Capital o a los principales aglomerados urbanos. Para la encuesta, la UNC prevé movilizar entre 30 y 40 encuestadores. Con esos datos, el equipo buscará definir además el peso específico de cada dimensión dentro del índice final. Por ahora, todavía no está decidido si todas tendrán la misma ponderación o si algunas tendrán mayor incidencia según la valoración social y estadística que surja de la muestra. Los primeros resultados provinciales estarían disponibles entre julio y agosto, mientras que la intención a futuro es publicar el indicador con periodicidad anual.

Un debate que excede la estadística. El proyecto aparece además en un contexto político y económico donde la discusión sobre la pobreza volvió al centro de la escena pública. En ese marco, Moneta Pizarro considera que la pobreza monetaria “subestima” actualmente la situación estructural de muchos hogares.

“La medición por ingresos está muy condicionada por la inflación y por la volatilidad salarial. Muchas personas no recuerdan exactamente cuánto ganaron el último mes o cuánto cobran ahora porque los ingresos cambian todo el tiempo. Eso genera problemas de subdeclaración y distorsiona el resultado”, afirmó.

Según el académico, los indicadores estructurales tienen mayor estabilidad y permiten construir una fotografía social menos sensible a las fluctuaciones coyunturales. El estudio es financiado íntegramente por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria para las universidades públicas. Sin embargo, el proyecto ya despertó interés dentro del Gobierno provincial.

Moneta Pizarro confirmó que el equipo mantiene conversaciones con la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba para que la experiencia pueda eventualmente transformarse en una herramienta oficial de medición permanente.

“Ellos nos dieron su visto bueno como para apadrinar el estudio y eventualmente adoptarlo si los resultados son sólidos”, señaló.