El Gobierno de México ha tensado la cuerda con Estados Unidos y ha dado un paso adelante con las 20 denuncias penales presentadas por las muertes de al menos 17 mexicanos bajo custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Mientras estos reclamos buscan su camino legal y diplomático, otro frente legal, más establecido, sigue su camino, de la mano de la Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante (CHIRLA). Esta organización con base en Los Ángeles mantiene una demanda, desde enero pasado, contra el ICE y su centro de detención en Adelanto, California, donde han muerto cuatro mexicanos en su custodia en lo que va del segundo mandato de la Administración Trump. La querella, secundada por el Ejecutivo de la presidenta Claudia Sheinbaum —según dieron a conocer en un comunicado en marzo pasado—, denuncia problemáticas al interior de la cárcel, como sobrepoblación, dotación de comida podrida o una serie de abusos con el gas pimienta para aplacar a los detenidos.

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