En su primera comparecencia en el Senado desde que fuera nombrado secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin evitó comprometerse este jueves a que su departamento vaya a cumplir órdenes judiciales que busquen frenar las actividades de las agencias migratorias a su cargo, argumentando que muchas de ellas están politizadas. El exsenador de Oklahoma respondía así a las preguntas del senador Chris Murphy, con quien protagonizó los momentos más tensos de su audiencia ante el subcomité de asignaciones presupuestarias para la seguridad nacional, celebrado en el Capitolio.
La Casa Blanca solicita 63.000 millones de dólares en su presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) —del que depende el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP)— para 2027, una disminución de 2.200 millones de dólares con respecto a 2026.
Durante la audiencia, el senador demócrata por Connecticut afirmó que el DHS ha incumplido 94 fallos judiciales. “Esta violación generalizada de las órdenes judiciales —cabe reconocerlo— ocurrió en gran medida antes de que usted asumiera el cargo; y, como senador, siempre me pareció alguien a quien le importaba el Estado de derecho”, dijo Murphy. ¿Implementará o no las órdenes judiciales?, preguntó, a lo que Mullin respondió: “Si no creyéramos que los tribunales están politizados, probablemente podría responder a eso. Pero vemos una y otra vez tribunales que utilizan su poder para expresar su opinión política, no solo para defender el estado de Derecho”.
El funcionario evitó comprometerse a que cumplirá las órdenes judiciales y prefirió insistir: “Haremos cumplir la ley y nunca vamos a quebrantar la Constitución”. “Ya sea republicano o demócrata en este comité, debería estar realmente aterrorizado”, apuntó, por su parte, Murphy.
Es la primera vez que Mullin comparece en el Senado desde que asumió el cargo a finales de marzo después de que Kristi Noem fuera despedida. Mullin tomó el relevo de un departamento en horas bajas, lastrado por la excesiva agresividad con que Noem enfrentó la campaña de deportaciones masivas de Donald Trump. El flamante secretario abogó por mantener las deportaciones masivas pero con un enfoque más moderado durante su confirmación ante la Cámara Alta en marzo pasado.
La senadora demócrata Patty Murray, del Estado de Washington, le reprochó la continuidad de las operaciones contra los migrantes. “Aún no lo he visto retomar las riendas de manos de Stephen Miller, pues incluso ahora estamos presenciando algunas propuestas indignantes: usted planea retirar a los agentes de la CBP de los aeropuertos de aquellas ciudades que no se doblegan ante Trump. Eso es una locura. No solo resulta peligroso, sino que también desencadenaría una crisis económica tanto para los estados azules como para los rojos”.
Murray se refería a la amenaza que hizo Mullin de eliminar el control aduanero de visitantes extranjeros en los aeropuertos de las ciudades santuario, las que no colaboran con las autoridades migratorias en las redadas, en respuesta a las protestas de los últimos días frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. “El DHS ya está en camino de romper el récord del año pasado de personas que mueren bajo custodia, y la semana pasada, agentes del ICE lanzaron gas lacrimógeno a un senador de Estados Unidos que simplemente estaba trabajando para mediar pacíficamente entre el ICE y los manifestantes”, dijo Murray.
Mullin negó todas las denuncias de los detenidos que llevan 11 días en huelga de hambre y laboral por las pésimas condiciones en que los mantienen. Los presos han escrito cartas en las que relatan que la comida que les proporcionan está en mal estado, incluso con gusanos, y que las instalaciones son insalubres y les niegan acceso a la atención médica necesaria.
El senador Murphy le reprochó no tomar en cuenta sus quejas. “Desde que se inauguró esa instalación, no se ha registrado ni una sola infracción sanitaria. De hecho, hace poco, los inspectores sanitarios del Estado de Nueva Jersey la inspeccionaron. No encontraron ni una sola infracción”, respondió Mullin. “Se han hecho muchas afirmaciones, y sencillamente no eran ciertas en absoluto. La primera de ellas sostenía que el lugar estaba abarrotado. Hoy en día, si no me equivoco, tenemos allí menos de 700 detenidos. Cuenta con licencia para albergar poco más de 1.000 camas”, agregó.
Falta de personal
Mullin señaló que el mayor problema que afronta ahora el DHS es la falta de personal, después de que muchos funcionarios no aguantaran estar sin cobrar y se despidieran durante el cierre del DHS. La falta de un acuerdo para la financiación de las operaciones contra la inmigración mantuvo cerrado el DHS por más de dos meses, desde mediados de febrero hasta finales de abril, en lo que fue el cierre administrativo más prolongado de la historia. La falta de financiación dejó a miles de funcionarios sin recibir su salario y causó caos en los aeropuertos.
Los demócratas exigieron cambios en las reglas por las que se rige el ICE y la Patrulla Fronteriza después de la excesiva agresividad con la que se llevó a cabo su megaoperativo de control migratorio en Minneapolis en enero y en la que los ciudadanos Renée Good y Alex Pretti murieron por disparos de los agentes federales. Mullin, al ser preguntado por el caso, reconoció este martes que las investigaciones contradijeron la versión de Noem, quien en aquel momento acusó a las víctimas de haber atacado a los agentes. Defendió que las investigaciones sobre las muertes sigan a cargo del FBI, sin dejar que participen las autoridades estatales.
Para poner fin al cierre del DHS, el 30 de abril el Congreso aprobó el presupuesto dejando fuera la financiación de las agencias migratorias, única fórmula que encontró el apoyo bipartidista. Los republicanos en el Senado tienen previsto aprobar una legislación para destinar 71.000 dólares más a las agencias hasta el final del mandato del presidente Trump. El monto se sumaría a los 170.000 millones de dólares que ya se aprobaron en el paquete de gastos que el Congreso pasó el verano pasado. Para ello, los republicanos van a usar una maniobra que permite prescindir del apoyo de los demócratas, quienes han exigido reformas en las agencias como condición para inyectar más fondos a sus operaciones.
Mullin declaró que no hay dinero suficiente para que todos los agentes lleven cámaras, una de las peticiones de los demócratas, y reiteró que no se permitirá la entrada en domicilios sin una orden judicial, a no ser que sea durante una persecución. El funcionario afirmó que desde el 1 de julio los agentes del ICE recibirán entrenamiento para controlar multitudes.
Los planes republicanos para probar los fondos se estancaron debido a la oposición que el presidente encontró en su propio partido por la iniciativa de crear un fondo de 1.776 millones de dólares destinado a indemnizar a sus aliados que, según él, sufrieron persecución política durante el mandato de su antecesor, el demócrata Joe Biden. Los participantes en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, a quienes Trump indultó en su primer día de vuelta en el cargo, estarían entre los compensados. La polémica generada por el que fue calificado de fondo de la corrupción propició que el republicano anunciara el lunes que daba marcha atrás a la propuesta.
En respuesta varios senadores, el secretario del DHS se mostró flexible sobre el requisito de que los empleadores paguen la tasa impuesta por la Administración de Trump de 100.000 dólares para importar profesionales altamente cualificados con las visas H-1B, que perjudica la llegada de médicos especializados que se necesitan en áreas rurales, aunque no especificó más sobre ello.
Los senadores transmitieron a Mullin su preocupación de que el cierre de las aduanas en las ciudades santuario se produzca en un momento en que millones de visitantes se preparan para venir a Estados Unidos para la celebración de la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio. Mullin ya había descartado que se hiciera en Newark y aseguró que el país está preparado para acoger el mundial de fútbol, un deporte del que reconoció no haber presenciado ningún partido.









